Fernando Villavicencio, excandidato presidencial y periodista de investigación en Ecuador, tuvo una diversa carrera profesional. Nació el 11 de octubre de 1963 en el Cantón Alausí de la provincia de Chimborazo. Villavicencio estudió periodismo y comunicación social en la Universidad Cooperativa de Colombia.
Inició su carrera como uno de los fundadores de Pachakutik en 1995. Trabajó en Petroecuador como comunicador social y luego como sindicalista hasta 1999 cuando fue despedido por el gobierno de Jamil Mahuad. Tras su despido, Villavicencio recibió una doble liquidación y utilizó el dinero para abrir una pizzería llamada «El Leñador» con uno de sus hermanos .
Trabajó como periodista para el diario El Universo y la revista Vanguardia. También se desempeñó como líder de la Coordinadora de Movimientos Sociales. Villavicencio denunció a varios gobiernos, incluido el de Gustavo Noboa, acusándolo de otorgar el campo petrolero «Palo Azul» a los hermanos Isaías. Fundó el portal «Periodismo de Investigación», a través del cual realizó diversas denuncias relacionadas principalmente con la corrupción en la esfera pública.
Villavicencio también se desempeñó como asesor legislativo de su colega Cléver Jiménez de 2013 a 2014. Él, junto con Jiménez y Carlos Figueroa, acusó al expresidente Rafael Correa de ser el principal responsable de los hechos del 30 de septiembre de 2010 (conocidos como el caso 30S). Alegaron que Correa ordenó la incursión armada en el Hospital de la Policía durante el levantamiento policial. Su demanda fue desestimada y Correa los contrademandó por difamación. Villavicencio, Jiménez y Figueroa fueron condenados a 18 meses de prisión y una multa de $47.000 como indemnización. Villavicencio fue a Washington a solicitar medidas cautelares a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero al regresar a Ecuador había una orden de captura en su contra. Permaneció prófugo, escondido en la región amazónica junto con Cléver Jiménez y Carlos Figueroa, hasta que expiró su condena en marzo de 2015 .
En agosto de 2016, Correa demandó a Villavicencio por insolvencia luego de que este se negara a pagar la multa, y Villavicencio finalmente pagó el monto. En 2017 intentó presentarse como candidato por la Alianza por el Cambio, integrada por los partidos CREO y SUMA, pero el Consejo Nacional Electoral impidió su candidatura por una objeción de Gustavo Baroja por su afiliación a Pachakutik. Pidió asilo político en Perú pero regresó a Ecuador en septiembre de 2017 para continuar con sus denuncias.
También enfrentaba un juicio por espionaje, pero el 22 de febrero de 2018 fue absuelto .
El 11 de julio de 2018, Villavicencio hizo una nueva acusación que involucra a Julian Assange, alegando que la Secretaría de Inteligencia usó fondos especiales para la seguridad de Assange en la embajada de Ecuador en Londres.
También publicó sobre un supuesto pacto entre Assange y el gobierno de Correa para evitar la divulgación de documentos de corrupción a cambio de asilo en la embajada .
Fernando Villavicencio, un candidato presidencial en Ecuador, fue víctima de un atentado en septiembre de 2022 donde su domicilio fue impactado por balas. A raíz de este incidente, se encuentra en curso una investigación.
Posteriormente, el presidente Guillermo Lasso firmó un decreto ejecutivo para disolver la Asamblea Nacional y convocar a elecciones presidenciales y legislativas extraordinarias debido a una «grave crisis política y conmoción interna». Villavicencio anunció su intención de participar como precandidato presidencial y llegó a presentar a la ambientalista Andrea González como su binomio. Sin embargo, inicialmente su candidatura fue rechazada debido a la falta de información, pero después de completarla, fue aprobada por el CNE.
La importancia de evitar que las bandas del narcotráfico se apoderen de los candidatos a puestos públicos y los riesgos que esto conlleva para un estado son temas de vital importancia en la lucha contra el crimen organizado. La infiltración de estas organizaciones en la política y en las instituciones gubernamentales puede tener consecuencias devastadoras para la sociedad y la democracia de un país.
Cuando el crimen organizado se apodera de un estado, se crea un ambiente de corrupción generalizada que socava la confianza en las instituciones democráticas. Los grupos del narcotráfico buscan controlar a los candidatos a puestos públicos para asegurar su impunidad y proteger sus operaciones ilícitas.
Esto puede generar un ciclo de impunidad, donde los políticos y funcionarios públicos colaboran con estas organizaciones a cambio de beneficios personales, lo que debilita aún más el estado de derecho. Los riesgos de permitir que el crimen organizado se infiltre en la política son múltiples.
En primer lugar, se pone en peligro la seguridad ciudadana, ya que estas organizaciones suelen utilizar la violencia como medio para mantener su control sobre territorios y el tráfico de drogas. Además, la corrupción y el soborno se convierten en prácticas comunes, lo que desvía recursos públicos y debilita la capacidad del estado para brindar servicios básicos a la población.
Para evitar que las bandas del narcotráfico se apoderen de los candidatos a puestos públicos, es fundamental fortalecer las instituciones democráticas y promover la transparencia y la rendición de cuentas. Esto implica implementar medidas de control y supervisión efectivas, así como fomentar una cultura de integridad y ética en la política.
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